Construír la Ecología o Destruír el Futuro
La lucha por cuidar los eco-sistemas y, por consiguiente, el futuro del planeta, nos obliga a mirar constantemente las numerosas acciones humanas que generan permanentemente agresiones muy graves a la naturaleza.
Veamos este trabajo realizado para la Universidad de Barcelona (España) y que se refiere a la gigantesca importancia que poseen los espacios naturales o lugares protegidos y preservados para garantzar su existencia (y la nuestra) para los próximos milenios.
Número extraordinario dedicado al IX Coloquio de Geocritica
LOS ESPACIOS NATURALES, “EL MANGO DE LA SARTÉN VA AL OTRO LADO”
Macià Blázquez Salom
Departament de Ciències de la Terra
Universitat de les Illes Balears
mblazquez@uib.es
Los espacios naturales, "el mango de la sartén va al otro lado" (Resumen)
Los países empobrecidos *[1] son los que más contribuyen a mitigar la crisis ecológica provocada por la bulimia capitalista. Entre otras cosas, con la conservación de ecosistemas naturales. Además la concepción inflexible, romántica, colonial o parcelaria y exclusivamente ecológica de los espacios naturales protegidos los enfrenta a sus habitantes, que los rechazan por representar un impedimento para su pervivencia. El apoderamiento ciudadano, emancipado del poder del capital, debe dictar el futuro para superar los inconvenientes del crecimiento desproporcionado en los países del centro, en términos de sostenibilidad, rebajando el consumismo. En la periferia, la solución no radica en el menosprecio y desprotección de espacios naturales –como ya se hace en España o en EUA– sino en "tomar la sartén por el mango", haciendo valer su soberanía sobre los recursos naturales y la biodiversidad.
*[1] Para Desfutura, en muchos casos se deben denominar "no desarrollados", "no centrales", o "de la tercera vía". Estos países han crecido en nivel de vida en las últimas décadas, con medidas proteccionistas, separadas y en oposición a los países centrales, a pesar de haber sufrido el saqueo de políticas neo-liberales, capitalistas, que favorecieron a naciones mega-industrialzadas.
La deuda externa y la deuda ecológica
La deuda externa surge del dominio financiero de las economías del centro de la economía mundo capitalista (Wallerstein, 2005). La decisión de Richard Nixon en 1971 de poner fin a la convertibilidad en oro del dólar da lugar a la sobreabundancia de dólares nominales. Los ingresos de los países exportadores de petróleo, depositados en las entidades financieras de los países del centro, incrementan los activos de dinero[3]. Los estados de los países de la periferia, que se constituyen tras su independencia de las metrópolis coloniales, se endeudan con los estados y las entidades financieras de las economías del centro. Las inversiones de los estados postcoloniales resultan ser poco productivas (Moro Vallina, 2007) –por ser suntuarias o inefectivas– y el resultado es su endeudamiento grave y duradero (Maillard, 2002). Las recetas para superar esta quiebra presupuestaria de los estados empobrecidos son los Planes de Ajuste Estructural (PAE) del Fondo Monetario Internacional (FMI), consistentes, en la práctica, en la privatización y descapitalización de los estados de la periferia (Moro Vallina, 2007), o en el fomento de infraestructuras que atraigan la inversión estranjera (Bianchi, 2002: 273).
Con la deuda externa se afianza todavía más el dominio financiero de los países del centro sobre los de la periferia. El modelo neoliberal de libre mercado y comercio internacional promueve la exportación de materias primas desde los países de la periferia; como por ejemplo petróleo, gas, hierro, cobre, estaño, oro, maderas, soja y harina de pescado desde América Latina (Martínez Alier y Oliveras, 2003: 51). Estos productos son intensivos en trabajo y recursos (coste físico), que no en tecnología y capital, con lo cual su retribución mercantil es baja, en ejemplar aplicación de la regla de notario (Naredo, 2006: 190-197). Los nuevos estados postcoloniales, y de su mano el mercado, toman el control del espacio desmantelando la estructura comunal, de derechos de la sociedad civil preexistente (The Ecologist, 1993: 12). En su lugar, sitúan la privatización o estatalización de los bienes comunales, la salarización de la población –que posibilita la monetización de los intercambios–y el individualismo –para fortalecer el egoísmo y la codicia, esenciales en las sociedades capitalistas y liberales que marcan sus dictados a partir de la demanda–. Los estados de la periferia aplican las recetas de la liberalización, otorgando las concesiones de explotación tomando partido por los ricos, sean nacionales o extranjeros, y traicionando a los pobres de su sociedad (Martínez Alier, 2004: 264).
Este endeudamiento de los países empobrecidos y su soberanía sobre los territorios más ricos en biodiversidad y recursos naturales ha favorecido la aparición de la propuesta de intercambio o canje de deuda externa por naturaleza. Su planteamiento parte de la amenaza del mal gobierno de los territorios salvajes en manos de los débiles estados postcoloniales. Este supuesto malintencionado se ha llegado a denominar “la tragedia de los comunes” (The Ecologist, 1993: 15), para promover su privatización y su conversión en un producto de mercado. La propuesta de intercambio de deuda por naturaleza consiste en motivar la conservación de este “capital natural” mediante la cesión de parte de su soberanía, en términos de lo que se ha dado a conocer como “custodia de territorio”. Por este medio la conservación de la biodiversidad adquiere valoraciones financieras, que la ligan a los procesos de acumulación y de intercambio con otros tipos de "capital" de factura humana: dinero, tecnología, trabajo... Hildebrando Vélez (2004) critica los canjes de deuda por naturaleza por comprometer a los países endeudados a aceptar tácitamente el mecanismo de la deuda externa, así como a someterse a los intereses y los procedimientos de los inversores: que asuman tareas que son responsabilidad del Estado, mitiguen los impactos de las empresas transnacionales (ETN), pongan la biodiversidad en manos de las ETN, etc. Un ejemplo de canje de deuda por naturaleza es el que se planteó en Estados Unidos de América mediante la Ley Biden-Lugar de Conservación del Bosque Tropical, para permitir comprar deuda externa a su Agencia para el Desarrollo Internacional, a cambio del compromiso de los estados endeudados en la protección del entorno (Lugar y Biden, 1998). La intervención de Grandes Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (BINGO, en sus siglas en inglés) en este compromiso internacional favorece la relajación de las desconfianzas entre las sociedades y los estados. Estas nuevas instituciones se denominan del “tercer sector” –tras el empresariado y las administraciones públicas– y gozan de buena prensa por el hecho de considerarse no lucrativas; aunque es fácil comprobar cómo se someten al dictado del poder financiero, con análisis y propuestas parcelarias.
Los Acuerdos tipo II de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (WSSD, en sus siglas en inglés), celebrada en Johannesburgo en 2002, o el Convenio de Biodiversidad, firmado en Kuala Lumpuren 2004, visualizan los acuerdos de BINGO con ETN y estados, especialmente para lavar la imagen de las ETN (Vélez, 2004: 25) y así poder relanzar la nueva ronda de la Organización Mundial del Comercio (OMC), iniciada en Doha (2001) con el apoyo del "ecologismo de libre mercado" (Balanyà, et al. 2002: 275-276). Las ETN han tomado la iniciativa constituyendo instituciones de presión y cosmética, de las cuales la más reciente es la Acción Empresarial para el Desarrollo Sostenible (Business Action for Sustainable Development, BASD). Liliana B. Andonova y Marc A. Levy (2003) acusan estos acuerdos de colaboración de estar guiados por la oferta de financiación de las ETN y no por la demanda de los beneficiarios: "En conclusión, un examen sistemático de los acuerdos de tipo II iniciados como uno de los mayores productos de la WSSD revela que estan predominantemente guiados por iniciativas fuertemente decantadas del lado de la oferta, provinientes de las tradicionalmente poderosas empresas transnacionales, en lugar de proceder de la demanda para las mejoras específicas de desarrollo sostenible" (p. 26). Sus principios rectores son la acción voluntaria y la autoregulación empresarial, que también se ha venido a llamar "responsabilidad social corporativa"; oponiéndose a cualquier regulación obligatoria gubernamental internacional. Además, el mecanismo implica la delegación o externalización a ONG de las responsabilidades de los gobiernos (Corporate Europe Observer, 2002). Como Aziz Choudry explica de una de las BINGO: “Conservation International es acrítica sobre el impacto de la injusticia económica sobre el medio ambiente y la biodiversidad. Propone soluciones de mercado para la destrucción medioambiental que se ha causado o ha sido exacerbada por el capitalismo de libre mercado” (2004). Aunque no hace falta acudir a sus detractores para encontrar descripciones semejantes de sus propósitos, expuestas como ventajas de la participación de las BINGO en la conservación de la biodiversidad mundial, con el patrocinio de ETN, y especialmente con cosmética ecoturística (por ejemplo: Bradley, 2006; Marnie, et al. 1998; o Svoronouy Holden, 2005).
Tal agravamiento de la polarización y de la injusticia motiva la argumentación de la deuda ecológica. La deuda ecológica asume la monetización de los recursos y los servicios ambientales, por ser “el lenguaje crematístico [que] se entiende bien en el Norte” (Martínez Alier, 2004: 290). En estos términos, enfatiza los costes reales de los recursos que se importan de la periferia o de los servicios que ella proporciona a los países del centro. Enumerados de una manera sencilla, se trata esencialmente de: la reparación o compensación por los impactos provocados por la importación voluntaria o la absorción involuntaria de los residuos, como es el caso del carbono que produce la combustión de hidrocarburos; los costes (no pagados) del mantenimiento de los recursos naturales exportados; el coste de la futura falta de disponibilidad de los recursos naturales destruidos, por ejemplo de minerales, hidrocarburos o biodiversidad; la compensación por los daños provocados por la explotación de los recursos naturales; y la información o conocimiento sobre los recursos genéticos, por ejemplo la selección agrícola que denuncia la biopiratería (Martínez Alier, 2004: 289-290).
La consideración de una mayor deuda ecológica de los países del centro respecto de los de la periferia que la cuantía adeudada mediante los préstamos de la deuda externa, nos lleva a denunciar "Los trueques de "Deuda por Naturaleza" [que] invierten la relación entre los ricos del Norte (los deudores ecológicos) y los pueblos del Tercer Mundo (los acreedores ecológicos). Los deudores ecológicos del Norte deben comenzar a pagar sus deudas renunciando a su condición de acreedores financieros" (Dillon, 2000: 136).
Los espacios naturales
La propia definición de espacio natural –por ejemplo, parque o reserva– es producto de la creación del estado moderno, como una expresión de las antinomias de la modernidad: naturaleza y cultura, consumo y producción, o naturaleza y civilización (Neumann, 2004: 212). Su delimitación, planificación y gestión forma parte del proyecto modernizador, basado en la fe en la ciencia y en el progreso. La construcción de los estados postcoloniales convierte la figura del espacio natural en una herramienta de control y conversión del territorio y de la gente. Así se interpreta el papel del Servicio de Parques en los Estados Unidos de América respecto del proceso de desposesión y genocidio de los nativos norteamericanos; y el actual en los países empobrecidos, favoreciendo los cerramientos, el control social y la segregación espacial, “como parte de una política general para “civilizar” y “desarrollar” a los ciudadanos de un estado.” (Neumann, 2004:200). La cartografía, demarcando zonas y usos, dentro y fuera, naturaleza y cultura para controlar la naturaleza y a los ciudadanos es lo que “hace estado a un estado” (Neumann, 2004: 202). Para el mercado, los espacios naturales son nuevos productos de consumo, marcas identificativas que “valorizan” este nuevo "capital patrimonial", en una acepción eufemística que encubre la búsqueda de su nueva rentabilidad crematística.
La propia definición de espacio natural –por ejemplo, parque o reserva– es producto de la creación del estado moderno, como una expresión de las antinomias de la modernidad: naturaleza y cultura, consumo y producción, o naturaleza y civilización (Neumann, 2004: 212). Su delimitación, planificación y gestión forma parte del proyecto modernizador, basado en la fe en la ciencia y en el progreso. La construcción de los estados postcoloniales convierte la figura del espacio natural en una herramienta de control y conversión del territorio y de la gente. Así se interpreta el papel del Servicio de Parques en los Estados Unidos de América respecto del proceso de desposesión y genocidio de los nativos norteamericanos; y el actual en los países empobrecidos, favoreciendo los cerramientos, el control social y la segregación espacial, “como parte de una política general para “civilizar” y “desarrollar” a los ciudadanos de un estado.” (Neumann, 2004:200). La cartografía, demarcando zonas y usos, dentro y fuera, naturaleza y cultura para controlar la naturaleza y a los ciudadanos es lo que “hace estado a un estado” (Neumann, 2004: 202). Para el mercado, los espacios naturales son nuevos productos de consumo, marcas identificativas que “valorizan” este nuevo "capital patrimonial", en una acepción eufemística que encubre la búsqueda de su nueva rentabilidad crematística.
La efectividad conservacionista de los espacios naturales está en duda, dado que tras protegerse más del 12 por ciento de toda la superficie terrestre, con 108.000 áreas protegidas oficiales (Dowie, 2006:04)[4] la biodiversidad continúa decayendo; es la denominada sexta extinción de especies sobre la tierra, ésta provocada por la humanidad (Leakey y Lewin, 1995). Los espacios naturales no pueden asegurar la conservación de los ecosistemas o la amortiguación del riesgo ambiental ante las actuales amenazas de deterioro ambiental. Para conseguirlo, se debe modificar el sistema productivo, eonómico y social.
La misma dinámica extractiva de las regiones del centro sobre las de la periferia se establece con objetivos de conservación de la naturaleza. Las sociedades del centro, y sus instituciones, dictan las estrategias de conservación de la naturaleza en la periferia. Este dominio implica a los ambientalistas del “culto de lo silvestre” (Martínez Alier, 2004:31) a través de las BINGO, como Conservation International o The Nature Conservancy, que tienen el patrocinio empresarial de las grandes empresas transnacionales “extrativistas” (Dowie, 2006:03). Los estados postcoloniales desarrollan sus políticas de control social y espacial en colaboración con las BINGO, como el Fondo Mundial parala Naturaleza (WWF, en sus siglas en inglés) reasentando a los habitantes del Parque Nacional Dzanga-Sangha, para reordenar su paisaje (Neumann, 2004:200). Por otro lado, las ETN “extractivistas” que patrocinan las BINGO –como es el caso documentado por Aziz Choudry de Conservation International respecto de: Cemes, Citigroup, Chiquita, Exxon Mobil Foundation, Ford, Gap, J. P. Morgan Chaseand Co., McDonalds, Sony, Starbuks, United Airlines y Wald Disney– se ven recompensadas por el hecho de que “muchos de sus “lugares calientes de biodiversidad”, y las operaciones proyectadas [con el programa de Conservation International], están sobre o son adyacentes, a los principales sitios de exploración y extracción de petróleo, gas y mineral [en] Chiapas, Palawan (Filipinas), Colombia, Papúa Occidental, Aceh (Indonesia) y Papúa-Nueva Guinea, por ejemplo.” (2004). Todavía está más claro el interés por la conservación de la biodiversidad, tan sólo a partir de su interés para la industria farmacéutica; en este caso, los espacios naturales pueden ser garantía suficiente i los conservacionistas "parcelarios" quedan satisfechos; aunque poco tenga que ver con la sostenibilidad o con la justicia social. La expulsión de las poblaciones nativas de los espacios naturales en regiones de la periferia puede rondar los 50 millones de personas (Dowie, 2006: 4), hasta el punto que el mismo autor afirma que “no debería sorprendernos, pues, que los pueblos tribales consideren a los conservacionistas como otros colonizadores…” (2006: 5). Michael Goldman lo denomina “proyecto neoliberal verde”, “en el cual las ideas de cerramiento y preservación del conservacionismo neocolonial y las nociones de valor y localización óptima de los recursos del mercado encuentran su causa común” (2004: 168). Arturo Escobar (1996) lo denomina creación de capital conservacionista postmoderno, por oposición al capital explotador moderno. Según este autor, se trata de un nuevo modo de acumulación de capital, mediante una conquista semiótica de la naturaleza y de las comunidades indígenas de los nuevos territorios que se incorporan al sistema capitalista.
La cobertura forestal global ha decaído más de un 18 por ciento desde 1700 (Robbinsy Fraser, 2003: 95). Su extensión actual alcanza casi el 26 por ciento de las tierras emergidas (Murray, Blázquez y Rullan, 2005). Según Greenpeace (Rodríguez, 2006: 14), en la actualidad sólo queda el 20 por ciento de los bosques primarios, de los cuales la mayor extensión (31%) se sitúan en América latina. En cambio, la cobertura forestal ha aumentado en los países del centro; como por ejemplo en Norte América y Europa, desde 1950 (Robbinsy Fraser, 2003: 95). En los estados de la Unión Europea, 13 o 15 según la fuente consultada, esta cobertura supera 37% y el 33%, respectivamente (Murray, Blázquez y Rullan, 2005). Los territorios centrales europeos dejaron de deforestarse debido al abaratamiento de las importaciones de ganado o madera; por ejemplo, desde Nueva Zelanda, como nuevo proveedor de carne ovina, o desde los estados bálticos, Indonesia y Ghana para la madera (Robbinsy Fraser, 2003: 113). De manera que las regiones centrales se han podido reforestar, incluso con especies nativas y no silvícolas, para crear paisajes “auténticos”, como un nuevo capital ecológico postmoderno especialmente orientado al consumo turístico y recreativo –de refuerzo identitario rural–en las Highlands escocesas (Robbinsy Fraser, 2003: 108-109) o en el conjunto de la Unión Europea, donde se estima que el 3,1 por ciento del territorio tiene usos recreativos, de ocio o deporte (Murray, Blázquez y Rullan, 2005).
Es decir, los espacios naturales se deterioran en la periferia por la extracción de recursos naturales y se banalizan en el centro, donde aumentan su extensión. Pese a la bondad del conservacionismo, su reivindicación parcelaria –ambiental y no social– se instrumentaliza en provecho del poder que potencia la distribución injusta del acceso al bienestar y los beneficios. La prueba la aportan los acuerdos de colaboración entre BINGO y ETN.
El ecoturismo como cebo y cosmética
El turismo es un agente más de la globalización. Pero lo hace abriendo fronteras para usos aparentemente “blandos”, sin la extracción evidente de materiales, por lo que se le supone un menor impacto ambiental y una menor pérdida de la soberanía local (comparado, por ejemplo, con la extracción de minerales o madera, o con la plantación de cultivos para la exportación). Con este cebo, que da a entender que es posible la complementariedad con otras actividades, se intenta denodadamente acoplarlo a modalidades respetuosas con la conservación de la naturaleza, en el caso del ecoturismo (Shultisy Way, 2006), el turismo comunitario (Vigna, 2006: 18) o con la solidaridad y la autarquía alimentaria (Gascón y Cañada, 2005). En la práctica, el ecoturismo también puede contribuir a expropiar riquezas a los indígenas, tal y como Anne Vigna (2006) denuncia en Centro América; los tres casos documentados de sobreexplotación ecoturística, conculcando derechos indígenas, aprovechan zonas designadas con figuras de conservación de la naturaleza del más alto rango: reserva de la biosfera, patrimonio de la humanidad y parque nacional. Otro ejemplo documentado es el de la región del río Mekong que fue protegida por el estado laosiano, para preservarla de las prácticas explotadoras de la población indígena que tuvo que emigrar de sus territorios, pero permitiendo la construcción de pantanos y el ecoturismo (Michael Goldman, 2004: 182).
Su buena prensa enmascara los graves impactos ambientales que genera, que son poco visibles, hasta que no se analizan los flujos metabólicos de materiales y energía, como se demuestra con el análisis de la huella ecológica (Murray, Rullany Blázquez, 2005). Como muy bien ha demostrado Joan Buades (2006), más oculta todavía tras la cosmética del ocio queda la subordinación del turismo a los negocios financieros e inmobiliarios de las empresas transnacionales, con abundante uso de dinero negro a través de paraísos fiscales, donde evaden la legalidad y la fiscalidad[5]. Esta misma buena prensa hace que los estados empobrecidos asuman gran parte de sus necesidades de infraestructuras (incluidos espacios naturales) y flexibilización laboral, a la búsqueda de la obertura internacional que les proporciona la buena imagen turística y la entrada de capitales y divisas.
Por último, el turismo proporciona escaparates de mutua seducción, para que los empobrecidos puedan envidiar el tren de vida derrochador de los turistas y así se convenzan de las virtudes del capitalismo y del liberalismo, en términos de "ciudadanía" basada en ideales de tolerancia, individualismo y libertad (Urry, 2000: 184-185); y para que a los turistas se les tranquilicen sus malas conciencias, cómplices de la polarización entre el centro y la periferia, con la oportunidad de compensar a los empobrecidos que les servirán durante su tiempo de ocio.
Desprotección de espacios naturales en EUA y España
La economía liberal entiende todos los diferentes tipos de capital del sistema socioeconómico (dinero, recursos, mano de obra, tecnología…) como equiparables y conmensurables. Esta doctrina de conducta colectiva origina el actual deterioro ambiental y social, tal y como demuestra José Manuel Naredo (2006). En este marco, la concepción de la naturaleza como un tipo de capital más, intercambiable con el dinero, la tecnología o la mano de obra, legitima la desprotección de espacios naturales, igual que su recreación “facsímile”, en el más puro postmodernimodel “hacer ver como que” –también muy propio del turismo–. La frustración que esta situación provoca entre los conservacionistas –bienintencionados pero ciegos en su análisis parcelario–les lleva a lamentarse al afirmar que “Entre los profesionales de la conservación circula una amarga sentencia: todas nuestras victorias son provisionales, sólo las derrotas son permanentes” (Quammen, 2006: 27).
La administración de Estados Unidos de América ha redefinido su política ambiental, respecto de sus espacios naturales protegidos. El Departamento de Interior, en el que se incluye el Servicio de Parques, promueve el uso de los espacios naturales protegidos como un reclamo recreativo y turístico. Ha reducido sus recursos presupuestarios para el año 2007 en un 5%, 100 millones de dólares, y plantea su posible explotación comercial para que se autofinancien. El resultado inmediato ha sido el retiro anticipado o la dimisión de altos cargos del Servicio de Parques (Mitchell, 2006).
En España se han originado algunas de las Empresas Transnacionales (ETN) turísticas de mayor importancia del mundo: Sol Melià, NH Hotels, RiuHotelsGroup, Barceló Hotels& Resorts, IberostarHotels& Resorts, Occidental Hoteles, HusaHotelsGroupy Fiesta Hotel Group. Su internacionalización se concentra en el Caribe: “un tercio [de los 500 hoteles y resorts comercializados por las principales cadenas hoteleras baleares y españolas] se localizan en el Caribe y sus aledaños (desde Florida a Venezuela), afectando especialmente a México, República Dominicana y Cuba.” (Buades, 2006: 64). También abundan sus inversiones en el Mediterráneo y en las principales ciudades europeas. Sus intereses turístico-inmobiliarios aprovechan el atractivo de los espacios naturales, pero llegan a anteponer sus ingresos a corto plazo a su conservación. Algunos de los ejemplos de estas propuestas de desprotección de espacios naturales con finalidades turísticas y inmobiliarias se dan en la República Dominicana. Francesc Giró, técnico conservacionista catalán ligado a la Fundació Patrimoni i Paisatge de la Caixa de Catalunya, fue despedido por la Organización Mundial del Turismo tras “alertar del ecocidio que provocaría la implantación de hoteles y urbanizaciones residenciales bajo el señuelo del “ecoturismo” en pleno parque de Juaraná” (Buades, 2006: 95-96). Juan José Hidalgo, propietario dela ETN turística española Globalia (AirEuropa, Viajes Halcón…) es acusado de promover la construcción de un complejo hotelero en el Parque Nacional del Este, que tiene en trámite su declaración como Patrimonio de la Humanidad, pero que ya ha tenido que rebajar su categoría de Parque Nacional (categoría II de protección de la Unión Internacional para la Conservación dela Naturaleza, UICN) a Paisaje Protegido (categoría VI), para poder ser urbanizado. El proyecto de Globalia afecta los terrenos en los que se construyó el centro de recepción de visitantes del Parque Nacional –que deberá ser demolido–con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional (González, 2006). México es el país en el que más hoteles balearesy españoles (70, a mediados de 2006) se localizan en el exterior de España (Buades, 2006: 63). Sol Melià quiso construir un macrohotel de 1.453 habitaciones, desde 1997, en las playas de Xcacel, en el corredor ecológico Tulum-Cancún, caracterizado por la conservación de ecosistemas únicos de selva baja, manglares, cenotes y dunas. La autoridad ambiental mexicana denegó definitivamente el proyecto en agosto de 2000 (Buades, 2006: 101). También Globalia pretende desarrollos turístico-urbanísticos en Tulum, con la oposición de la misma Comisión Nacional de Áreas Protegidas de la Península de Yucatán (Ortiga, 2006). Aún más recientemente, el presidente de la Asociación Hotelera de la Riviera Maya, Jean Agarrista, pidió flexibilidad a las autoridades mexicanas en su aplicación de la legislación ambiental para "no frenar el desarrollo turístico y a la vez económico de esta zona" (Taramago, 2007).
Mientras, el país de procedencia de estas ETN, España, muestra síntomas de un retroceso ambiental semejante al de EUA, con la desprotección de espacios naturales ante el empuje de la especulación inmobiliaria, bajo la máscara del turismo. Se promueve la desprotección de espacios naturales para construir en su seno: hoteles, balnearios, campos de golf, pistas de esquí, viviendas, centros de ocio, puertos deportivos, tiendas, aparcamientos... Muy recientemente, se documentan recortes de extensión o rebajas de protección en diez parques naturales (El País, 05/03/2007). La comunidad autónoma de Murcia experimenta la duplicación del número de viviendas iniciadas de 2002 a 2005, debido al crecimiento de la demanda de segunda vivienda o turística y de los resorts destinados a población extrangera (Iracheta, 2006: 79). Ante este azote de presión urbanizadora, el gobierno del Partido Popular promovió la descatalogación de 15.000 ha de espacios protegidos, con la Ley 1/2001 del Suelo Regional, mediante "una interpretación restrictiva de los criterios de delimitación de los espacios protegidos, excluyendo todo tipo de áreas periféricas o bandas externas de los mismos" (Esteve, Martínez y Alarcón, 2006: 96). Este debilitamiento funcional de la red murciana de espacios protegidos supone también: la reducción severa de las inversiones por hectàrea protegida, la dilación de los planes de ordenación de los recursos naturales y el olvido de los planes de actuación socioeconómica para las áreas periféricas (Esteve, Martínez y Alarcón, 2006: 96). En otros lugares, incluso se solayan los compromisos de la Unión Europea mediante Directivas (de Aves Silvestres, 79/409/CEE, y de Hábitats92/43/CEE), que se transponen al ordenamiento jurídico de cada estado, desconsiderando esta protección cuando se trata de anteponer los intereses urbanísticos o la construcción de infraestructuras. Por ejemplo, Jaume Matas Palou, que fue Ministro de Medio Ambiente durante el segundo mandato del ex Presidente español José María Aznar, ha practicado la desprotección de los espacios naturales en su propia tierra, las Islas Baleares, de las que proceden cinco de las ocho primeras ETN turísticas españolas antes mencionadas. El Grupo Balear de Ornitología i Defensa de la Naturalesa (GOB, 2004) denuncia la desprotección de 22.460 hectáreas de parques naturales por parte del Gobierno Balear, tras la elección de Jaume Matas como su Presidente autonómico y su dominio de la mayoría parlamentaria. La nueva legislación autonómica en materia de conservación de la naturaleza (Ley 5/2005, de espacios de relevancia ambiental, LECO), que ha sido aprobada durante esta misma legislatura de mandado de JaumeMatas, rebaja la protección de los espacios naturales, subordinándola a los intereses urbanísticos. La LECO modifica legislación anterior para excluir a los parajes naturales y paisajes protegidos, antes inedificables, de su clasificación como suelo rústico protegido; y trata en un título aparte de la Ley, el IV, los espacios protegidos por las Directivas europeas antes mencionadas, con las que no se asume ningún compromiso real de protección o gestión. Al igual que en EUA, el recorte y abandono de los espacios protegidos ha supuesto el traslado voluntario de buena parte de sus técnicos. El mayor grupo conservacionista de las Islas Baleares, el GOB, denuncia la actual desprotección, desvirtuación y marginación de los espacios naturales de este archipiélago (GOB, 2007). Está claro que esta experiencia de desprotección, decidida para favorecer las inversiones inmobiliarias y turísticas, peligra que se exporte a los países empobrecidos en los que las ETN procedentes de las Islas Baleares invierten, con la excusa de exportar el know how territorial y turístico de la ex metrópoli, cuyas instituciones alardean de marcar la pauta de "cómo hacer las cosas".
La falsa amenaza maltusiana
Ciertos discursos atribuyen la pobreza y la crisis ambiental a la sobrepoblación –con tonos racistas al referirse a la población de los países de la periferia que padecen el empobrecimiento–, como también le atribuyen ser la peor amenaza para la biodiversidad. Es el denominado neomaltusianismo. La alianza entre los “entusiastas de la vida silvestre” y los seguidores del “credo de la eco eficiencia” libran de culpa al progreso, la tecnología y la liberalización, “para gozar del crecimiento económico en la sociedad urbano-industrial mientras al mismo tiempo se salvaguardan algunos espacios silvestres a los cuales se les niega el acceso a los humanos” (Martínez Alier, 2004: 233). Con este planteamiento se soslaya la responsabilidad de los hábitos consumistas que promueven el libre mercado y el dominio del centro sobre la periferia (The Ecologist, 1993: 105). Joan Martinez Alier opta por una tercera corriente ambientalista, de justicia social o ecologismo popular, definido como el “interés material por los recursos y los servicios ambientales proporcionados por la naturaleza para el sustento humano” (2004: 319). Este ecologismo social supera el análisis parcelario –como pueda ser el ecológico conservacionista–, en un intento de abordar la complejidad mediante la inclusión de la solidaridad y la justicia social (Blázquez, 2006).
Emancipación y empoderamiento ciudadano como solución
El mito del progreso inmaculado se basa en “asegurar siempre la invisibilidad ante la ciudadanía sobre sus costes ecológicos, sociales y democráticos.” (Buades, 2006: 127). Un primer estadio de la solución que proponemos consiste simplemente en explicar esa información oculta y proponer la reflexión sobre sus implicaciones. La información es la base para la emancipación y el empoderamiento. La técnica del establecimiento de indicadores (Blázquez, Murray y Garau, 2003) hace inteligible el análsis ecológico, social y económico, con el propósito de proporcionar elementos de juicio para que cada cual desarrolle su propio criterio y parecer. La participación pública equipara todos los posicionamientos para la resolución de conflictos complejos, mediante el reconocimiento de la pluralidad de perspectivas, compromisos y estructuras intelectuales y sociales (Funtowicz y Ravetz, 2000: 74). Éste es el requisito del apoderamiento local: visibilizar y colectivizar las decisiones y los mecanismos de supervisión y reversibilidad. En el caso que nos ocupa, consiste en analizar críticamente el referente conservacionista que se practica en los países del centro, de desprotección de sus espacios naturales por motivaciones crematísticas –comerciales o urbanísticas–o en recrearlos a conveniencia con intenciones paisajísticas y recreativas, y no ecológicas. Así como el referente conservacionista que se exporta desde el centro a las regiones de la periferia, con la complicidad de las BINGO y los estados postcoloniales, para que la conservación de la naturaleza contribuya al control del territorio y de la población, bajo el chantaje de la deuda externa, que ya se ha contraargumentado con el cálculo de la deuda ecológica. La deuda ecológica demuestra que el reparto de la culpa de la crisis ecológica y social es superior en los países del centro. Su contribución para resolver este problema debe empezar por la rebaja de sus hábitos de consumo insostenibles. En cuanto a la protección de la naturaleza, se les debe exigir a los paises del centro que redirijan sus políticas territoriales de desprotección, motivadas por la codicia; y en cualquier caso, no acceder a asumirlas en los países empobrecidos, endeudados y receptores de turistas, que tienen “tienen la sartén por el mango” para recuperar la soberanía, con el control de los recursos mundiales de biodiversidad, por los que tanto interés demuestran las instituciones de los países del centro.
Las recetas de la emancipación y del empoderamientociudadano siguen el camino de la democracia radical, con las dificultades ya conocidas de superación de las servidumbres del poder y los monopolios, y del planteamiento de alternativas organizativas sociales y económicas. Un buen ejemplo lo encontramos en el concepto de soberanía alimentaria, como prioridad coincidente con el ecologismo social, para asegurar el derecho a la alimentación, mediante mercados domésticos y locales, explotaciones familiares diversificadas, sistemas de producción agroecológicosy el control comunitario de la cadena de valor y de la colectivización de los beneficios (Gascón y Cañada, 2005: 101-102).
La cooperación entre los movimientos de base, que denuncian excesos y proponen alternativas, es el mecanismo de creación de redes populares entre pueblos que demuestra mayor efectividad para hacer frente a la codicia que rige el capitalismo y el egoismo que guía el libre mercado.
Notas
1. La investigación que da lugar a este articulo se financia con el proyecto de investigación titulado "La funcionalización turística de las Islas Baleares (1955-2000): adaptación territorial y crisis ecológica del archipiélago" (SEJ2006-07256/GEOG) del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.
2. Macià Blázquez es profesor de Geografía del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears y miembro del Grupo de Investigación sobre Sostenibilidad y Territorio (GIST).
3. José Manuel Naredo (2002: 205) define el dinero en los siguientes términos: "son una simple convención social y su valor no tiene más respaldo que la confianza de la sociedad que los admite y valora". Esta representación simbólica del poder aumenta con su creciente intangibilidad. Más allá de la ruptura de la convertibilidad del papel-moneda, o dinero fiduciario, la rebaja del coeficiente obligatorio de caja aumenta el margen para crear más dinero bancario. El súmmum de la representación intangible se alcanza con el denominado dinero financiero, en forma de acciones o participaciones de empresas, atendiendo a su cotización inmaterial pero reflejo de su dominio socioeconómico, que se utiliza como moneda de cambio (Naredo, 2002).
4. La actualización de este dato se puede obtener en el portal de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas: http://sea.unep-wcmc.org/wdbpa/.
5. Más allá de lo que puedan dar de si las finanzas ilícitas, las inversiones turísticas de las ETN en paises empobrecidos proporcionan retornos –es decir, expatriación de beneficios hacia los estados centrales en los que se ubican las sedes de las ETN–, que varían entre el 62-78% para modalidades turísticas de sol y playa con "todo incluido", al 34-45% para turismo de safari (Madeley, 1996: 21).
Palabras claves: desprotección de espacios naturales, deuda ecológica, ecoturismo, ecologismo social.
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