Imágenes viajeras

Distintas fotografías que se trasladan en el tiempo. Lugares e instantes de ayer, que aparecen detenidos para el hoy y el mañana, cercano o lejano...¿Posible?

lunes, 24 de julio de 2017

Alerta mundial por ataques a los ambientalistas en Latinoamérica


La acción de las mafias narcos y empresarias.


Ecoosfera

 JAN 23, 2017

Un recuento de activistas ambientales asesinados en América Latina

Ejemplos sobran: el asesinato de Berta Cáceres y de otros activistas 
indígenas, la represión al pueblo mapuche o a tierras wixárikas, el abuso 
de poder en contra de regiones poblanas, chiapanecas y oaxaqueñas…
Amenazas, abuso físico y psicológico, destrucción del medio ambiente, muerte.
Es el saldo que implica el activismo ambiental en América Latina, principalmente
en los últimos 30 años en que la ambición ha buscado maneras de apoderarse
de la biodiversidad del planeta. Ejemplos sobran: el asesinato de Berta Cáceres 
y de otros activistas indígenas, la represión al pueblo mapuche o a tierras
wixárikas, el abuso de poder en contra de regiones poblanas, chiapanecas y
oaxaqueñas…
Apenas este 20 de enero, la noticia del asesinato de Isidro Baldenegro, activista
indígena de 51 años de edad quien fue galardonado en 2005 con el Premio
Ambiental Goldman por su defensa de los bosques de la Sierra Tarahumara,
resonó en numerosos noticieros. Él, junto con otros doce activistas, estaba en
defensa del territorio ancestral tarahumara, al norte de México. Frente a
esto, Isela González, directora de Alianza Sierra Madre, la red de defensa de
territorios indígenas de la Sierra Tarahumara, declaró que “Isidro es el 
primer muerto del año; uno más de estos, sólo que [su muerte] es de 
alto impacto porque tenía visibilidad nacional e internacional”.
                       
Antes de Baldenegro, existía ya una larga lista de activistas asesinados. Tan
sólo en la región ancestral tarahumara han asesinado a doce en los últimos 30 años;
de los cuales, cuatro de ellos, el último año. Es decir que en 2016 fueron asesinados
los activistas Victor Carrillo, Elpidio Torres y Valentín Carrillo; mientras que
Isidro Baldenegro fue el primero del 2017 en perder la vida. En palabras de
Isela González: “Va un es del año y ya hay una víctima relacionada con la defensa
del territorio.”
De acuerdo con las autoridades, Baldenegro llegó a la comunidad de Coloradas
de la Virgen el jueves 12 de enero para ayudar al traslado de una tía a una
valoración médica en la comunidad de Baborigame –a unas cinco horas de
camino–. Durante el traslado, Baldenegro fue balaceado seis veces por 
Romero R.M, quien se relacionó con una familia armada del crimen organizado y ésta,
 a su vez, con un cacique que pretendió despojar del bosque a la comunidad. Además,
uno de los hermanos de Romero R.M. fue señalado como uno de los asesinos del
activista Victor Carrillo en 2016.
Si bien este es un ejemplo que llamó la atención de la Red Nacional de Organismos
 Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” y de la Delegación de la
Unión Europea –UE– y las embajadas de los Estados miembros en México, en
especial para pedir a las autoridades a identificar y juzgar a los responsables ya
que se trata de un asesinato de caso “grave y emblemático de 
la vulnerabilidad” hacia los defensores de la naturaleza y los derechos humanos,
existe una larga víctimas cuyo caso no ha sido renombrado y, por tanto, no se les
ha hecho justicia.                                 Berta Caceres, greenpeace mx, justicia para berta caceres






www.latribuna.hn

La quintaesencia de esta situación es la de Berta Cáceres, una de las
activistas hondureñas que obtuvo el mayor impacto en el medio. Ella luchó en contra
del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el río Gualcarque, en Honduras; sin
embargo, hubo un obstáculo que no pudo superar: su asesinato el 2 de marzo del
2016. Antes de ello, Cáceres recibió el Premio Goldman, uno de los
máximos reconocimientos por la defensa del medio ambiente, y
ahí sentenció: “¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!”
Otro ejemplo es la encarcelamiento del activista indígena mexicano de Ildefonso
Zamora por su movimiento pacífico en contra de la tala ilegal. En palabras de la
directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, “Ildefonso Zamora lo 
están castigando por denunciar los daños que se están causando al territorio y 
al entorno de su comunidad. Nunca debió haber sido encarcelado y debe ser puesto
en libertad inmediata e incondicionalmente. Proteger el medio ambiente y defender 
los derechos humanos no son delitos“. Zamora fue, en otras palabras, inculpado
con acusaciones sobre testimonios falsos: “el fiscal registró las declaraciones de
testigos presenciales que describieron los hechos usando exactamente las mismas
palabras que si las estuvieran leyendo de un guión, no se preservó la escena del
crimen y no se manejaron debidamente las pruebas.”
Finalmente pero no menos importante, el caso de grupo de activistas mexicanos
que fueron detenidos en Nicaragua en el 2016, es un ejemplo vívido de
esta situación. Bajo el nombre de Caravana para el buen vivir, estos chicos se
dedicaron a recorrer México y América del Sur a favor de la incidencia en
educación ambiental. Se encargaban de brindar información fe de digna sobre
el uso adecuado y ecosustentable de las tierras que trabajan así como de sus
derechos frente a empresarios que intentan abusar de la ignorancia e inocencia
de las comunidades. Desgraciadamente el conocimiento adecuado es un factor que
resulta en un conflicto de intereses para los empresarios y, por tanto, algunos
miembros del gobierno de cualquier país. Por esta razón es más fácil “eliminar” a la
fuente de información, a “los revoltosos”, que respetar a la biodiversidad que habita
en los terrenos indígenas. 
Y si bien algunos de los chicos fueron liberados, la realidad es que el activismo en América Latina no debería, en primer lugar, impactar en los derechos humanos y seguridad de los mismos personajes conscientes de la importancia del medio ambiente; y en segundo lugar, no se cuenta con las garantías institucionales para proteger a la biodiversidad, a los habitantes que viven de ella y a los defensores de los dos primeros. 

Fuente: http://ecoosfera.com/2017/01/casos-de-muerte-activistas-ambientales/



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INTERNACIONAL


En un año asesinaron a casi doscientos 

activistas ambientalistas


Global Witness señala que 185 activistas fueron asesinados en
2015. El 66 % en América latina. ¿Los motivos? Defender el 
medioambiente frente a los grandes negocios capitalistas.


Jueves 21 de julio de 2016 | Edición del día






“En terreno peligroso”: así se titula el informe de la ONG Global
Witness que da cuenta del peligro al que están expuestos los defensores de
la tierra y el medioambiente en todo el mundo. Entre 2002 y 2015 la ONG
ha documentado un total de 1.176 casos de ambientalistas asesinados, de
los cuales 753 fueron en los últimos cinco años. Solo en 2015 hubo 185 casos, un 59 % más que en 2014. Y el 66 % de los asesinatos del año pasado fueron en América latina.
Las cifras son alarmantes. Brasil y Filipinas tienen los índices más altos,
con 50 y 33 casos respectivamente. Le siguen Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), El Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.
Los ambientalistas quieren defender la tierra, el agua, los bosques.
Luchan contra los agronegocios y la megaminería. Defienden la vida en
un ambiente sano, y para ello se oponen a los grandes negociados capitalistas que arrasan con los recursos naturales para llenar los
bolsillos de un puñado de empresarios. En esta lucha por la defensa de la
naturaleza, y como indica el informe de Global Witness, el medio ambiente “empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como madera,
mineralesy aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de
delincuentes explotanla tierra desdeñando a la gente que vive en ella.
Cada vez es más común que las comunidades que toman cartas en el
asunto se encuentren en elpunto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo”.
De los 185 casos de asesinatos de 2015, 42 estuvieron relacionados a la minería (un aumento del 70 % con respecto a 2014), 20 a los
agronegocios, 15 a tala de bosques, 15 relacionados a represas y 13 a la
caza furtiva. Además, 67 eran activistas de pueblos indígenas, lo que
supone casi un 40 % del total y un aumento de 20 víctimas desde 2014. Global Witness señala el caso de Filipinas, donde tres mil indígenas del pueblo lumad se vieron obligados a abandonar sus hogares, y 22 activistas fueron asesinados por defender la tierra frente a la agroindustria y la
minería. También por demanda de tierras, en Nicaragua fueron asesinados
12 activistas indígenas y, en Colombia, nueve, presuntamente por fuerzas paramilitares. Estos datos son solo una parte de la realidad ya que, como señala la ONG en el informe, la investigación se basa en la información difundida por los medios de comunicación, pero muchos casos no
 llegan a los medios y son invisibilizados, por lo que los números reales podrían ser aún mayores.
Otro de los lugares donde la violencia dio una escalada es la región amazónica de Brasil. Allí, donde el 80 % del negocio de la madera es
 ilegaly representa un 25 % de la madera ilegal del mercado mundial, se expandieron los campamentos de tala que arrasan con las comunidades. Global Witness señala el caso de María Chávez Lima y su esposo,
Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva amazónica que fueron emboscados y acribillados en 2015. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor
de la Amazonía, asesinado en 1988).
En palabras del conservacionista brasilero Felipe Milanez, “la violencia se
ha legitimado como una parte normal de la política. Informalmente, se ha vuelto ‘aceptable’. Tras diez años trabajando en la Amazonía, nunca he
visto una situación tan mala”.
Según datos de Naciones Unidas, al menos el 6 % de la población mundial pertenece a pueblos indígenas, pero sus territorios representan el 20 % de
la tierra. Estas tierras, generalmente intactas, están en la mira de la explotación capitalista por su riqueza en recursos naturales, y es por eso que se utilizan métodos cada vez más violentos para apropiárselas.

El rol del Estado

Todos los casos evidencian la complicidad y connivencia entre el Estado y los que defienden intereses económicos por sobre la vida de la población. Por los datos documentados, se sabe que 16 activistas fueron asesinados por paramilitares, 13 por el ejército y 11 por la policía. Billy Kyte, miembro de Global Witness y autor de la investigación, manifestó que “el ambiente 
es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”.
Al mismo tiempo, y como indica el informe de Global Witness, cada vez
 hay más gobiernos que limitan la libertad de expresión y criminalizan con
sus leyes a los activistas que reclaman por sus derechos. En muchos casos, incluso, las peleas por la tierra no solo son entre los pueblos y los empresarios, sino que de la mano de los empresarios están los intereses de gobernadores que tienen acciones o acuerdos de algún tipo con esas empresas. Por lo que los activistas no se enfrentan solo a grandes
monstruos capitalistas sino también al propio Estado.

Berta Cáceres y el caso que recorrió el mundo

El 2 de marzo de 2016, la noticia del asesinato de la activista hondureña
Berta Cáceres recorrió el mundo. Líder de la comunidad indígena lenca y una de las defensoras de los derechos humanos más reconocida en Honduras, luchó contra proyectos hidroeléctricos, mineros y madereros.
En 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas
Populares (COPINH), desde donde organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. En 2009 encabezó las protestas contra el golpe de estado en su país.
En abril de 2015 recibió el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medioambiente. En ese
momento, al agradecer el premio, denunció las amenazas de muerte e
 intentos de secuestro de los que había sido víctima en numerosas ocasiones, desdeque empezó la lucha contra la represa de Agua Zarca (polémico proyecto hidroeléctrico de financiamiento internacional). Un año después, Berta era asesinada cobardemente por hombres que irrumpieron
en su casa durante la noche.
El asesinato de Berta fue repudiado por miles de organizaciones de todo el mundo. Y puso sobre el tapete la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes pelean por los derechos ambientales y la defensa de los recursos naturales. Incluso se sabe que los asesinos de Cáceres recibieron más de 20 mil dólares por matarla, pero no contaban con que esto causaría un rechazo mundial y pondría en la mira los grandes negocios que arrasan con los recursos naturales.
Sin embargo, los asesinatos a ambientalistas no cesan en Honduras. Este
mes de julio fue asesinada Lesbia Yaneth Urquía Urquía, al igual que Berta Cáceres activista ecologista del COPINH. La organización hace responsable al gobierno del Partido Nacional.

Argentina no es ajena

Durante los últimos años se han dado a conocer numerosos casos de represiones a defensores del medioambiente en Argentina. Entre las represiones más recordadas se encuentran las que sufrió la comunidad
Qom La Primavera, en Formosa, a manos del gobierno de Gildo Insfrán (FpV), que en 2010 terminó con la vida de Roberto López.
La represión al pueblo de Andalgalá, en 2010 en Catamarca, que defendía
la tierra de la megaminería. El asesinato de Javier Chocobar, en 2009,
cuando reprimieron al pueblo diaguita que defendía las tierras frente a los negocios sojeros e inmobiliarios, en Tucumán. La muerte de Sandra Eli Juárez, en 2010 en Santiago del Estero, que puso el cuerpo para defender
sus tierras, cuando su pueblo fue brutalmente desalojado. O los casos de Cristian Ferreyra y Manuel Galván, militantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), asesinados en 2011 y 2012, que dejaron ver cómo los empresarios rurales organizaban sus propias “bandas” para terminar con el activismo que defendía sus tierras e imponerles así el avance de sus negocios. Estos casos tienen relación
 directa con el modelo de los agronegocios, y la vía libre que desde el Estado se les dio a los empresarios sojeros para que hagan crecer sus mercados.

Del informe de Global Witness: algunos casos de 2015

Rigoberto Lima Choc, maestro de Guatemala, fue asesinado a tiros el
18 de septiembre de 2015 a plena luz del día en las escaleras del juzgado local del pueblo de Sayaxché. Había denunciado la contaminación del río
 La Pasión que supuestamente había ocasionado la productora de aceite
de palma Reforestadora de Palmas del Petén, S. A. (REPSA). El mismo
día de su asesinato, otros tres activistas ambientales fueron secuestrados temporalmente por empleados de la empresa después de que un juez suspendiera las actividades de REPSA. REPSA ha negado las
acusaciones de que haya sido la causante de la contaminación del agua
del río La Pasión y ha rechazado categóricamente cualquier relación entre
 la empresa y el asesinato de Rigoberto Lima Choc.
Saw Johnny, defensor de los derechos sobre la tierra del estado de
Karen (Birmania), recibió varios tiros en la espalda disparados por
hombres armados desconocidos durante la mañana del 2 de julio de
2015. Era un hombre muy conocido por su apoyo a las víctimas locales
del acaparamiento de tierras y se dice que sacó a la luz la venta ilegal de
terrenos gubernamentales.
Alfredo Ernesto Vracko Neuenschwander, silvicultor comunitario de
Perú, fue abatido a tiros en su casa de Madre de Dios el 19 de noviembre
de 2015. Era el líder de un movimiento para oponer resistencia a las invasiones de los bosques de la biodiversa región de Tambopata por parte de mineros de oro ilegales que, antes de su asesinato, ya le habían amenazado repetidamente. Había denunciado las amenazas, pero las autoridades no habían tomado las medidas suficientes.
Maria das Dores dos Santos Salvador, líder de una comunidad rural de
la Amazonía de Brasil, fue secuestrada y brutalmente asesinada el 12 de agosto de 2015. Había denunciado firmemente la venta ilegal de tierra comunitaria y había sufrido amenazas durante muchos años sin recibir la protección estatal necesaria.
Sandeep Kothari, periodista de la India, sufrió quemaduras y golpes que
le provocaron la muerte el 20 de junio de 2015 en el estado de Maharashtra. Había escrito artículos para criticar la extracción de arena por grupos de la mafia local en el distrito de Balaghat, una actividad que el Gobierno había dejado que aumentara desenfrenadamente. Antes de su asesinato, había sufrido considerables amenazas, que incluían intimidación por parte de la policía y acusaciones legales falsas supuestamente como represalia por su actividad periodística.

http://www.laizquierdadiario.com/En-un-ano-asesinaron-a-casi-doscientos-activistas-ambientalistas









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